Sales: “En política se puede hacer de todo menos el ridículo como hace Compromís ”
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento ha exigido que la alcaldesa haga cumplir a Brancal el Código de Buen Gobierno
El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Vicent Sales ha dicho que “en política se puede hacer de todo menos el ridículo y la vicealcaldesa, contra el sentido común, contra el informe de la secretaria, contra todos servicios jurídicos que se han consultado, sigue manteniendo que ella no está imputada por un delito de corrupción ”, tras la celebración de la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto y Participación en la que ha comparecido la investigada vicealcaldesa de Compromís.
Sales: “Uno al final no sabe si su enroque es por pura torpeza política, o por agarrarse al sillón; y es que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero”
Sales ha explicado que “Brancal dice que le han puesto una querella que ella cree que le ha caído del cielo y que no hay ningún juez que en estos momentos la esté investigando. Dice que no hay ninguna fiscalía que se muestre favorable a abrir los sobres. Sin embargo, sí está siendo investigada por un delito de malversación de caudales públicos por el Juzgado número 2, y sí se mostró favorable a la apertura de sobres el Ministerio Fiscal. Por tanto, ha añadido, “uno al final no sabe qué pensar, si es por pura torpeza política o es por agarrarse al sillón, cargo y al sueldo y tiene claro que entre honor y el dinero lo segundo es lo primero. Pero lo cierto es que es absolutamente bochornoso lo que está pasando”.
Desde el Grupo Municipal Popular han exigido que la alcaldesa ha de aplicar de una vez por todas el Código de Buen Gobierno. “Exigimos a Marco que cumpla con sus funciones y responsabilidades, que aplique el Código de Buen Gobierno y que aparte de su equipo de Gobierno a una vicealcaldesa sobre la que pesa una investigación judicial por corrupción política”, ha indicado.
“Ella ha presentado un informe jurídico, evidentemente de parte, en el cual lo que pretende decir es que está investigada, pero que investigada no es imputada, pero es que todo el mundo ha dicho que investigada es análogo a imputada antes de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ha matizado Sales. Entonces, añade lo que pretende “es agarrarse a un clavo ardiendo contra todo sentido común y contra el informe de la propia secretaria general del pleno que, insisto, ya dijo muy claro que la situación de imputada a la que se refería el Código de Buen Gobierno era lo que ahora es investigada después de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
“Cuando un juez ha admitido la denuncia y ha iniciado la investigación es porque ha apreciado visos de que como mínimo hay indicios de delito. Cuando un juez decide que los sobres han de abrirse es porque considera que las pruebas son válidas cunado la investigada recurre la decisión del juez para que no se abran los sobres tanto el fiscal como el juez se reafirman en que si han de abrirse y conocerse el contenido. Cuando contra esa decisión del juez la investigada recurre en apelación tratando insistentemente de evitar que se abran, lo hace contra la decisión de un juez y un fiscal. Ya no es el Partido Popular quien considera que ha de saberse lo que contienen, sino que es el propio juez y el propio fiscal quienes tienen decidido que esos sobres han de abrirse”, ha indicado.
Han pasado seis meses desde que se instó a la alcaldesa Amparo Marco que cumpliera con el Código de Buen Gobierno, que fue aprobado por unanimidad en el año 2015, y cesara de sus funciones a la vicealcaldesa de Compromís.
El pasado 8 de octubre, desde el Grupo Municipal Popular solicitó a la secretaria municipal un informe jurídico, “un documento que deja bien claro que no hay lugar a dudas, que la señora Brancal está investigada por un presunto de corrupción política y, como tal, no hay más salida que aplicar el Código de Buen Gobierno que ella misma impulsó.
La vicealcaldesa está siendo investigada en el Juzgado número 2 de Castellón que instruye diligencias por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, y ante el que ya tuvo que prestar declaración como investigada el pasado mes de julio junto con el también investigado secretario autonómico Enric Nomdedéu.
