El Grupo Municipal Popular apoya la reivindicación de los padres y madres que piden una moratoria de la normativa que pone en jaque las extraescolares
“Instamos al concejal de Educación a que eleve la petición de dejar sin efecto la norma impuesta para consensuarla con todas las partes que conforman la comunidad educativa”
La concejala popular, María España, insta al gobierno municipal de PSOE y Compromís a rectificar y volver a tomar en consideración la solicitud que desde el Grupo Municipal Popular les trasladaron, hace escasos días, para instar a la Conselleria de Educación a convocar a todas las partes implicadas con el objetivo de abordar soluciones de consenso que garanticen las actividades fuera del horario lectivo.
María España: “Hace escasos días presentamos una iniciativa solicitando lo mismo que pide la FAMPA, sin embargo, el gobierno de PSOE y Compromís la vetaron imposibilitando que llegara al pleno municipal”
España, que recuerda que el gobierno local vetó esta propuesta imposibilitando su debate en el Pleno municipal, reitera la necesidad de volver a tomarla en consideración “porque es lo mismo que pide la federación de Asociaciones de padres y madres de alumnos de la provincia de Castellón (FAMPA Castelló Penyagolosa”, señala la edil popular.
Y añade: “Instamos al concejal de Educación a que eleve la petición de dejar sin efecto la norma impuesta por la Conselleria de Educación para consensuarla con todas las partes que conforman la comunidad educativa”.
La concejala lamenta el malestar generado por PSOE y Compromís entre la comunidad educativa que a pocos meses de iniciar un nuevo curso ve peligrar las actividades extraescolares porque muchos de los centros están renunciando a ofertarlas por falta de recursos económicos al tener que asumir desde los propios centros el coste de las mismas para los alumnos con beca de comedor.
España: “Proponemos que la Consellería cree una línea presupuestaria para el próximo año mediante la cual se financien las actividades extraescolares, en los casos que se determine, sin recurrir a la partida destinada al funcionamiento de los centros»
Las trabas que supone esta nueva normativa para el normal desarrollo de las actividades radica tanto en la parte económica como en la garantía de acceso a las mismas de todos los alumnos y ha llevado a las direcciones de algunos centros a tomar la determinación de no ofertarlas.
Desde el inicio de la implantación de la jornada intensiva, la incertidumbre y quejas ante la improvisación y merma, en algunos casos, de la calidad de las actividades y la imposibilidad de acceso a las que supongan algún coste para las familias, ha sido constante.
Para María España, una vez más, la falta de planificación y la improvisación del Conselll crea un nuevo clima de enfrentamiento fruto de la falta de diálogo del conselller Marzá con la comunidad educativa.
