Feliu: “El bipartito no gana suficiente para poder pagar a los tribunales por las polémicas provocadas por su política sectaria”
El concejal explica que el juzgado ha admito a trámite dos demandas, una por el cambio de topónimo de Castelló, y otra contra la destitución del ex presidente de la Junta de Fiestas, Juan Vicente Bellido.
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El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Calos Feliu ha criticado que “el bipartito no gana suficiente para poder pagar a los tribunales por las polémicas que provocan su política sectaria”. El juzgado ha admitido a trámite dos demandas, una por el cambio de nombre unilateral de Castellón a Castelló, y otra contra la destitución del que fuera presidente de la Junta de Fiestas, Juan Vicente Bellido.
Feliu: «El juzgado ha admitido a trámite dos demandas, una por el cambio de nombre unilateral de Castellón a Castelló, y otra contra la destitución del que fuera presidente de la Junta de Fiestas, Juan Vicente Bellido»
“El equipo de gobierno municipal, en lugar de hacer políticas consensuadas con los ciudadanos juega a sus intereses partidistas e impone su criterio en temas tan importantes como el cambio del nombre de la ciudad o de las fiestas. En vez de invertir dinero y tiempo en mejorar Castellón, se dedica a polemizar y a provocar a la ciudadanía que acaba por judicializar para defenderse aquellas decisiones sectarias que no está dispuesta a aceptar”, ha explicado el edil.
Respecto al cambio de nombre de la ciudad de eliminar su acepción en castellano, ha sido un particular quien ha iniciado este proceso judicial que ha sido admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón, lo que se une a una batería de alegaciones que se han presentado tanto por otros ciudadanos como por el PP.
“Lo único que hace el bipartito es provocar y generar discusiones, utilizando la lengua como elemento de confrontación política que separa y divide a la ciudadanía. La denuncia de esta persona se suma a las alegaciones de gente que no está contenta cuando se le impone algo y no se le da opción a elegir”, ha añadido el edil. Desde el PP, añade, apostamos por la cooficialidad del valenciano y del castellano.
Asimismo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón ha admitido a trámite el recurso presentado por Juan Vicente Bellido en contra de su destitución como presidente de la Junta de Fiestas por el Consejo Rector del pasado 24 de mayo. “Es necesario despolitizar las fiestas, dejar que cesen las injerencias políticas que ha habido durante esta legislatura. En estos tres años de mandato, además, ha habido tres cambios de edil en la Concejalía de Fiestas y dos en la gerencia”, ha comentado Feliu.
El concejal ha recordado que la alcaldesa, Amparo Marco, permitió que se hiciese una comisión de investigación, para analizar si hubo irregularidades en la gestión festera desde 2008 a 2016 bajo los mandatos de Juan Vicente Bellido y Jesús López, que criminalizó a los colectivos festeros con fines exclusivamente políticos y que demostró que no había indicio alguno de delito, apreciación refrendada tanto por la asesoría jurídica municipal como por un catedrático experto en derecho penal al que le fue expresamente encargado un informe al respecto. “Fueron tres años de acusaciones infundadas al PP y al món de la festa, una cortina de humo tras la que intentar disimular la politización de las fiestas que el gobierno de Marco ha estado llevando a cabo, todo ello para enfrentar al mundo de la fiesta. Marco debería haber pedido perdón ya a los castellonenses, al PP y muy especialmente al món de la festa”, ha matizado.
A estos temas, hay que añadir, ha informado Feliu varios procesos judiciales que están en marcha: “la problemática que se ha generado por la elección del director de la Banda Municipal de Música, y la instrucción judicial contra la vicealcaldesa de Castellón que está siendo investigada por malversación de dinero publico, y sin olvidar que también su socio de gobierno, Xavi del Señor, se encuentra en el centro del escándalo por su adquisición de su vivienda en una zona de la Marjalería en torno a la cual existen serias sospechas de información privilegiada para su compra”.
