Carrasco: “La alcaldesa elude aplicar el Código de Buen Gobierno y cesar a la vicealcaldesa Ali Brancal pese a estar investigada”
La portavoz en el Ayuntamiento de Castellón recuerda que en la sesión del pleno del 12 de julio ya le instó a que lo aplicara, negando la alcaldesa una evidencia que ha certificado la propia secretaria municipal a través de un informe jurídico.
La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha interpelado hoy, en el transcurso del pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento, a la alcaldesa de Castellón instándole a que cumpla el Código de Buen Gobierno y cese a la vicealcaldesa Ali Brancal, ahora mismo investigada en un procedimiento judicial. “Un ruego que la alcaldesa ha eludido contestar, haciendo dejadez de sus funciones y echándole la pelota al portavoz de Compromís, pese a ser su responsabilidad”, ha lamentado.
El PP que en el Anexo I del Código de Buen Gobierno se especifica claramente que es la alcaldesa y la Junta de Gobierno local la que han de cesarla de su cargo quien “procederá a la revocación inmediata de sus funciones”
“¿Piensa usted cumplir con su obligación como alcaldesa y cesar a su vicealcaldesa de todas sus funciones o va a seguir protegiendo a una persona investigada en su equipo de gobierno?”, ha interrogado Carrasco, recordándole que esta misma pregunta ya la formuló en el pleno del pasado 12 de julio, “sin que hasta la fecha se haya tomado ninguna medida”. “No sé qué más tiene que ocurrir para que se cumpla el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón que fue aprobado por unanimidad en el año 2015 y que precisamente impulsó la señora Brancal, negándose ahora que le afecta a ella a cumplirlo”, lamenta.
El Grupo Municipal Popular ha recordado que en la sesión plenaria del 12 de julio, la alcaldesa Amparo Marco dijo textualmente “Para mí, el Código de Buen Gobierno que hemos firmado todos los concejales que estamos aquí, yo también, es válido en su momento, y lo sigue siendo válido ahora (…). En el caso de que un concejal del gobierno sea imputado en un caso de corrupción aplicaremos el código ético de este ayuntamiento que hemos firmado todos. Y no es el caso”, recuerda, a pesar de que el día anterior tanto la vicealcaldesa Ali Brancal como su antecesor en el cargo y hoy secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu, fueron a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos.
“Sin embargo, las semanas han ido pasando y usted no ha hecho absolutamente nada en este asunto para cumplir con su obligación, que es velar por la imagen y el nombre de la institución y hacer cumplir las normas que de ella han emanado”, ha remarcado la portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón. Por eso, el pasado 8 de octubre, desde el Grupo Municipal Popular solicitó a la secretaria municipal un informe jurídico, “un documento que deja bien claro que no hay lugar a dudas, que la señora Brancal está investigada y, como tal, no hay más salida que aplicar el Código de Buen Gobierno que ella misma impulsó. Esta respuesta se produjo el día 30 de octubre. Y hoy, 29 de noviembre, los castellonenses seguimos viendo cómo usted está haciendo caso omiso de sus obligaciones y responsabilidades, tolerando iniciativas que a punto han estado de incurrir en fraude de ley, como casi ocurre el pasado 22 noviembre de no llegar a ser por los reparos que advertimos desde el Grupo Municipal Popular”, ha denunciado Carrasco.
Por este motivo, y antes de entregarle en mano a la alcaldesa Amparo Marco un ejemplar del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco ha recordado que, en el citado documento, en el anexo I, artículo segundo punto segundo, se especifica que “para casos como el de la señora Brancal, es la alcaldesa y la junta de gobierno la que procederá a la revocación inmediata de las funciones del edil investigado”.
“Ahora, solo esperamos que la alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón deje la estrategia de politización que está desarrollando desde el sillón de alcaldía, en contra de las normas de la institución para proteger a sus socios en el ‘Pacte del Frau’, y ejerza de alcaldesa de todos los castellonenses, aplicando el Código de Buen Gobierno y defendiendo el buen nombre de la institución a la mayor brevedad posible”, concluye.
OTRAS INICIATIVAS
El Grupo Municipal Popular también se ha posicionado hoy en contra de la reformulación del calendario del Plan Edificant, al entender que se trata de “un anuncio de carácter electoralista que certifica la nula inversión que por parte de la Generalitat se ha llevado a cabo en materia de reforma y construcción de nuevos centros educativos, como es el caso del CEIP Vicent Porcar”, ha defendido la concejala María España.
Asimismo, el PP se ha posicionado en contra de la propuesta de medidas correctoras de la ZAS de las tascas y Lagasca, porque no responden a las necesidades de los negocios de la zona y frenan el desarrollo turístico y gastronómico de este punto de la ciudad, según ha mantenido la concejala Salomé Pradas.
Por su parte, el Partido Popular ha votado en contra de que la ciudad pase a denominarse exclusivamente en valenciano, porque va en contra de la libertad y el respeto a la cooficialidad de las dos lenguas que existe en la ciudad de Castellón, “por una cuestión absolutamente partidista, obviando la lengua en la que libremente se expresa una parte de la ciudadanía de la capital de la Plana”, ha señalado el concejal Carlos Feliu.
Por último, el concejal Vicent Sales ha defendido el no del PP a la retirada de la cruz del Ribalta, porque “no se trata de un símbolo de exaltación del franquismo, tal y como se acordó en un acuerdo plenario del año 1979 del Ayuntamiento de Castellón, por el que se resignificó el monumento dedicándoselo a todas las víctimas de la violencia. Si se derriba la cruz es solo por una cuestión de sectarismo y no por el cumplimiento de la ley de la Memoria Histórica”.
En la sesión plenaria de hoy, el Grupo Municipal Popular también ha sacado adelante dos declaraciones institucionales en las que instan al Ministerio de Fomento a que reactive de manera inmediata el proyecto de prolongación de la Autovía de la Plana, desde el aeropuerto de Castellón al límite con la provincia de Tarragona, después de que el ministro haya anunciado que va a replantear la construcción de una autovía que permitirá que la provincia cuente con un eje rápido de norte a sur y gratuito, lo que redundará en un aumento de la seguridad vial y la mejora de la competitividad de las empresas de la provincia. En la misma moción se insta a garantizar que la autopista de peaje AP-7 sea gratuita el 1 de enero de 2020.
Por otro lado, también se ha aprobado una declaración institucional en la que se propone regular y adoptar medidas para evitar que abran centros de juego on line en puntos próximos a los centros educativos, al entender que puede generar adicciones en una población, la de los menores, que es de riesgo y que merece de la protección de las administraciones públicas, como ya ocurre por ejemplo, en el caso del tabaco y el alcohol.
